Hubo un tiempo en la historia de este país en que los trabajadores y trabajadoras, el común de la ciudadanía, después de haber soportado largo tiempo una dictadura execrable, defendían con uñas y dientes los logros, las conquistas sociales y los derechos recién recuperados. Tiempo en que si un Gobierno, por ejemplo el socialista de 1988, en mitad de una crisis con alto nivel de desempleo intentaba dar lo que podía parecer un paso atrás, entonces con el llamado Plan de Empleo Juvenil (desde la distancia, una nadería con lo que hoy ocurre), la respuesta era contundente y el Gobierno (claro que era del PSOE), rectificaba. Por si no se acuerdan:
Hoy, las cosas han cambiado, y mucho. Desde mayo de 2010, pero, sobre todo, desde noviembre de 2011, la pérdida de derechos y libertades ha sido la mayor de nuestra historia democrática. Los recortes de esos derechos, la pérdida de calidad democrática que hemos sufrido desde que Rajoy, desde que la derecha, gobierna este país, no tiene parangón si no nos remontamos al golpe de estado de 1936.
Las principales lineas de defensa de los intereses y conquistas de la ciudadanía, han caído, o están siendo derribadas a marchas forzadas.
Cayó la primera, con la reforma laboral, la capacidad de negociar convenios colectivos que suponían una garantía de los derechos laborales y, con ella, el respaldo legal a una situación de cierto equilibrio entre las apetencias de la clase empresarial (siempre contraria a la estabilidad laboral, a las mejoras salariales y de condiciones de trabajo...) y los intereses de trabajadoras y trabajadores. Ese respaldo ya no existe y cada cual, desde un forzado individualismo, se ve obligado a soportar las condiciones que se le dicten, porque ya las leyes no lo amparan y porque siempre habrá (para eso se ha elevado el desempleo a las nubes) alguien que lo haga por él y con aquellas condiciones que no aceptó.
Al tiempo, con la reforma, la derecha se carga a los sindicatos de clase, los verdaderos artífices, gracias a su capacidad de organizar a las trabajadoras y los trabajadores, de las mejoras y logros, de los nuevos derechos, del incremento del bienestar colectivo. Ahora, aparentemente, ya no sirven. Sus negociaciones no tienen el valor legal que antaño. Por si fuera poco se les desprestigia masivamente. Los medios de comunicación en manos de la derecha, que son mayoría, sin ningún tipo de pudor, coordinados, han proyectado una imagen de las organizaciones sindicales de clase como nidos de delincuentes, de gente que huye del trabajo y se libera para medrar. Eso ha calado entre la gente, entre los propios trabajadoras y trabajadores, que maximizan las críticas a los aparatos sindicales (que debieran servir para mejorar su funcionamiento) y lo hacen de manera destructiva. Se fragmenta el paisaje sindical y la derecha crea seudosindicatos como quien fabrica churros, cada vez más corporativos, cada vez más reducidos en su campo de acción, desunir, desorganizar... Objetivo cumplido.
A esta primera y esencial agresión contra los derechos, a esta madre de todas las batallas perdidas con posterioridad, le han seguido los ataques a la sanidad, a la educación, a la dependencia, a las pensiones, a la libertad, a la democracia, al municipalismo, a la protección del medio... La relación de todas las consecuencias concretas de la victoria de las políticas reaccionarias de la derecha representada por el PP es larga y prolija.
Sin embargo, aunque hay movilizaciones, aunque determinados colectivos luchan, en una especie de táctica de guerrillas, deslabazados, no se produce una reacción general que diga ¡hasta aquí hemos llegado!, no solo no daremos un paso atrás más, sino que queremos la restitución inmediata de nuestros derechos, de nuestras libertades y lo queremos ya. ¿Por qué? ¿Qué nos ha ocurrido como sociedad? ¿Cuál es la razón de esta parálisis que nos convierte en espectadores pasivos de nuestras propias pérdidas y de la de los demás? ¿Qué más tiene que ocurrir para que reaccionemos?
