LA NECESARIA REACCIÓN SOCIAL

Son muchas las conquistas sociales que la clase trabajadora ha logrado en el periodo democrático en este país. Los cambios en educación, en sanidad, en materia social, en cultura, en calidad de vida han sido claros. La necesaria memoria, aplicada a la evolución vivida, nos hace comparar imágenes en blanco y negro de un pasado cercano, apenas a un recodo de la esquina histórica, con un presente inmediato, que lamentablemente estamos dejando atrás, en el que la sociedad ha gozado de unos niveles hasta entonces desconocidos.

Educación para todos y todas, ampliada en su etapa obligatoria, que hoy abarca, en la práctica, desde los tres años hasta los dieciséis; Sanidad Universal que, en su cartera de servicios desde lo público, ha alcanzado cotas desconocidas en la mayoría de los países del planeta; protección social, incluida la Ley de Dependencia, que nos colocaba en vanguardia en cuanto a prestaciones...

Ahora, bajo la cantinela de que "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades", buena parte de esos logros, obtenidos con el esfuerzo colectivo, se están desmantelando. Los recortes en educación, sanidad y dependencia, la reforma laboral, el incremento de la presión impositiva, el galopante desempleo y, con él, la extensión de la situación de pobreza a muchas familias, nos están haciendo retroceder. Estamos perdiendo derechos conquistados. La presión mediática, los mensajes dirigidos desde las élites económicas, instalan la inseguridad y el miedo en el conjunto de la sociedad. Amplios sectores de la misma aparecen hoy entregados. He utilizado muchas veces el símil del enfermo que acude al médico y al ser diagnosticado de un proceso que requiere amputación, acepta, por salvar la vida el corte de una mano. Dado que el deterioro continúa, por el riesgo vital, vuelve a aceptar otra pérdida, y otra, las que sean necesarias con tal de ser curado. Pero ¿y si el diagnóstico primero estaba equivocado? Resultará que todas las pérdidas habrán sido en vano. Lo sensato es cambiar el tratamiento.

Ese miedo inyectado no nos puede paralizar. No podemos tolerar, por responsabilidad hacia la historia, por nuestros propios intereses, por el futuro de la gente joven, que se nos arrebate todo lo conseguido partiendo de una afirmación falsa. ¿Cómo que por encima de nuestras posibilidades? ¿Cuáles son los verdaderos motivos por los que se desmantela el estado democrático y del bienestar? ¿Es que acaso no queda claro que bancos, grandes empresas, la gente pudiente en general, acumulan riquezas en tanto la inmensa mayoría ve como se pierde su nivel de vida, aumentándose de  forma exponencial el número de personas que está en situación de riesgo? Hace falta una reacción social. Porque lo que ocurre no es inevitable. Basta que la gente quiera, que se movilice, que exija...

Permanecer en la quietud -unos porque creen que no les tocará a ellos, otros hundidos por el peso de una coyuntura que parece insalvable, todos, al final, paralizados por un "esto puede ir a peor"-, no arregla nada. Antes al contrario, facilita, a quienes intencionadamente nos están devolviendo al pasado, la tarea. Este mundo occidental nuestro tiene capacidad de producción de bienes y servicios suficiente para mantener, en base al progreso científico y tecnológico, un estado democrático y del bienestar que se ha demostrado como el más justo alcanzado en la historia. El reto pendiente es hacerlo extensivo a otras zonas de la tierra. Superar la inmensa brecha de las desigualdades. Para ello, el empobrecimiento de la mayoría, la concentración paralela de la riqueza, no es el camino. Y es el que se está trazando.

SUBVENCIONES Y TRIBUNAL DE CUENTAS

Mintiendo, como va siendo norma, el alcalde Toscano anuncia a bombo y platillo que el Pleno del Ayuntamiento de Aljaraque ha aprobado llevar al tribunal de cuentas la subvención que en su día otorgó la Junta de Andalucía a nuestro Ayuntamiento para la construcción del nuevo edificio consistorial. Como digo, mintiendo porque el Pleno no ha acordado esas acciones, sino, por su cuenta y riesgo el propio Alcalde.

La Ley de Bases de Régimen Local establece que el inicio de este tipo de actuaciones le corresponde al Pleno, pero, en un arranque de autoritarismo, el alcalde del PP se ha atribuido esa competencia saltándose la norma. Y se le advirtió. En el Pleno del día 4 de octubre pasado, quien suscribe le leyó, textualmente, el contenido del artículo 21.1.k de la citada Ley que lo dice bien clarito. A pesar de eso, el alcalde siguió a lo suyo y sin respetar el marco legal ha iniciado las acciones.

Hay que aclarar que la subvención mencionada, de la que se recibieron en su día 1,2 millones de euros, tenía que ser justificada en junio de 2012. ¡Cuando Toscano llevaba ya un año de alcalde! En todo ese tiempo nada se hizo, se dejó pasar el plazo hasta que la Junta, habida cuenta del silencio del equipo de gobierno del PP, ha iniciado el expediente de reintegro. Y es que cuando uno llega al Ayuntamiento se hace cargo de todo, de lo bueno (los ingresos del PCTH, los nuevos suelos industriales, el patrimonio incrementado, el canon de Giahsa -que antes no existía-) y de todo lo demás. Era su obligación justificar, y si no podía, negociar con la Junta los plazos. Pero nada se hizo. Tal vez con la intención de llegar a este momento y poder sacar un titular de prensa para echar una cortina de humo sobre los múltiples problemas que su nefasta gestión están provocando.

Resulta muy revelador que ponga tanto énfasis en llevar a su propio Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas y, sin embargo, no haga absolutamente nada para exigirle al Alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, que nos devuelva los casi quinientos mil euros que cobró el Ayuntamiento de Huelva, destinados a Aljaraque, de fondos europeos ejecutados y justificados hace ya varios años.

Reproduzco, por lo clarificadora que resulta, la carta del Teniente Alcalde de Huelva, Juan Carlos Adame, en respuesta a una carta mía, dirigida a Pedro Rodríguez. En ella reconoce que se ha gastado el dinero (principio de caja única), que en ese momento no tienen para pagar "la justa demanda", y que ya lo harán cuando tengan dinero. La carta es de mayo del 2010, y todavía estamos esperando.

Parece, pues, que Huelva si puede usar el dinero de otro, el nuestro, para sus cosas, pero el dinero de Aljaraque, que llegó a Aljaraque, ese tiene que ir al Tribunal de Cuentas. Y es que la revancha política, unida al sectarismo, produce estos esperpentos.

¿TIENEN SOLUCIÓN LOS AYUNTAMIENTOS? (II)

Ese plan de pago de nóminas, mucho menos costoso para el erario público que el de proveedores, posibilitaría a los Ayuntamientos afrontar este momento crítico con otra perspectiva. Una perspectiva de mayor tranquilidad, absolutamente necesaria para que los equipos de gobierno vuelvan a centrarse en lo importante, lo trascendente, y no exclusivamente en la urgencia de atender, como prioridad que es, el abono de las nóminas. Conozco la angustia que para el gobernante conlleva resolver cada mes ese derecho básico de trabajadoras y trabajadores. Y también la que provoca no cobrar (no digamos ya cuando el retraso es de varios meses, lo que hace difícil atender a las necesidades básicas). Esta última debe ser compartida. Mal se entendería que los responsables políticos recibieran su sueldo o sus dietas, en tanto sus trabajadoras y trabajadores no lo hacen. Un miembro del equipo de gobierno siempre ha de ser el último en cobrar.

Además, el Ayuntamiento no solo está para emplear a vecinos y vecinas (afirmo que NO SOLO). La contratación de trabajadoras y trabajadores tiene como fin la prestación de los servicios públicos propios del consistorio. De esta manera, no basta con disponer de financiación suficiente para el capítulo I (el de personal), sino que es necesario que ese potencial de trabajo tenga los medios necesarios para desarrollarlo en condiciones.

Un Ayuntamiento tiene estrecho margen a la hora de buscar financiación añadida. Cerradas como están las posibilidades de endeudamiento a largo plazo (una formula normal que usamos en ámbito personal cuando pedimos una hipoteca), con dependencia de las transferencias del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuya cuantía no establece, la hacienda local se convierte en un instrumento que ha de ser manejado con prudencia. No es posible que las deficiencias del modelo de financiación genérico intenten ser resueltas con la presión de los impuestos y tasas locales. No haría sino enviar lluvia sobre suelo mojado.

En conclusión, la búsqueda y plasmación de un modelo de desarrollo económico sostenible adaptado a las potencialidades locales es la piedra angular sobre la que construir el desarrollo de cualquier municipio. En ese proceso no solo han de intervenir los responsables políticos -encargados de poner las bases, impulsar y dinamizar-, sino el conjunto de la ciudadanía, con especial responsabilidad del tejido empresarial.

Junto a ello, un modelo de financiación justo y adecuado al papel que cada administración asume dibujaría un panorama de estabilidad presupuestaria municipal capaz de afrontar los retos que en este momento se nos presentan y prepararnos para un escenario de recuperación que, tarde o temprano, se dará.

Es evidente que la política fiscal y de precios públicos ha de ser coherente. Para ello, varios principios son incuestionables. A saber, la proporcionalidad, el ajuste a los costes reales, la solidaridad y el equilibrio con el desarrollo económico. Hay, pues, camino.

¿TIENEN SOLUCIÓN LOS AYUNTAMIENTOS? (I)

Partamos de una evidencia. No todos los Ayuntamientos están en la misma situación de asfixia económica y, por ende, de deterioro en la prestación de servicios públicos, ni de pérdida de empleo. Son aquellos que más dependían de la construcción y los ingresos coyunturales que la acompañaban, los que están sufriendo en mayor medida la descompensación creciente entre ingresos y gastos. Por contra, aquellos otros que, o bien no conocieron un boom urbanístico desmedido, o tejieron alternativas económicas distintas a la del ladrillo, mantienen una situación que, a pesar de ser problemática en algún caso, no alcanza ni de lejos el nivel de angustia que padecen los primeros.

Una primera conclusión, pues, nos conduce a establecer que la concreción de la acción política en el territorio, dependiendo de cuáles fueron las prioridades y los proyectos subsiguientes, está en la base de la coyuntura actual por la que cada Ayuntamiento atraviesa. Claro que hay situaciones objetivas que no son modificables desde la actuación de los poderes públicos (Galaroza nunca podrá desarrollar un turismo de playa), pero en lo demás, las opciones diferenciadas conducen a resultados distintos.

En esta evidencia está la explicación de hacia dónde deben ir las cosas. Con una base de partida común a todo el municipalismo que constituye raiz principal de la solución a sus problemas. Necesitamos un nuevo modelo de financiación, más equitativo entre administraciones, que responda a los servicios que cada una de ellas presta realmente. En ese sentido, los Ayuntamientos españoles están insuficientemente representados en  el reparto que de los fondos públicos se realiza desde el gobierno central. Basta comparar la situación en España con la de los demás países de la Unión Europea para comprobarlo. Ahora bien, establecido esto, resulta nítido el hecho de que cada equipo de gobierno de cada municipio tiene por delante la responsabilidad de establecer los potenciales de su término y contribuir, desde su actuación planificada y sistemática, a desarrollarlas.

Ahí se abre todo un universo de posibilidades. No diré que dependa exclusivamente del trabajo político (intervienen otros muchos factores), pero sí que lo hace también de el, y no en un grado menor.

Si se marcan bien las posibilidades y se contribuye a convertirlas en realidades, se habrá avanzado mucho y en la buena dirección.

Cierto que en este momento tenemos un problema, una urgencia. Los desajustes a que hemos hecho referencia han tenido en muchos sitios consecuencias muy negativas, en materia de empleo y de prestaciones a la comunidad. Consecuencias que pueden conllevar un grado de sufrimiento personal y familiar que hay que atajar de inmediato. Más allá del medio plazo, hoy, y digo bien, hoy, es imprescindible poner en marcha un plan para acabar con esas situaciones agónicas. De ahí que hayamos pedido en reiteradas ocasiones que, tal como se hizo en el caso de los proveedores, ahora hay que afrontar un programa de pago de nóminas que permitan reinstalar en la senda de la normalidad la acción municipal. Esa es una responsabilidad que el Gobierno no puede eludir por más tiempo.

GESA: UN CIERRE BUSCADO

El concejal Yórquez, ese parapeto de Toscano -parece que quisieran repetir el esquema Orta/Casto Pino-, en declaraciones a la prensa, ha señalado claramente por qué, desde que llegaron al gobierno, Toscano había dado instrucciones para cerrar la empresa municipal. Afirma el ínclito, que la empresa "era usada por José Martín como su particular concejalía de urbanismo" (cita textual, entrecomillado en el original, del Huelva24, viernes 14 de septiembre). En esa expresión, se contienen dos ideas fundamentales para entender a Toscano y al PP de Aljaraque.

La primera, considerar la concejalía de urbanismo (la que ostentaba Casto Pino cuando Toscano era concejal de alcaldía) una especie de cueva de Alí Babá.

Es decir, para ellos, asegurar que yo usaba a la empresa GESA como una concejalía paralela (la de verdad tenía como responsable al candidato de IU) para llevar a cabo cuantos chanchulleos entendiera oportuno, era asemejarla a lo que se venía haciendo, en época del PP en el gobierno desde Urbanismo, bajo la batuta de Casto Pino. Y va a ser que no.

El refranero, muy rico, afirma que "cree el ladrón que todos son de su condición" y, tras haber compartido responsabilidades (digo bien, COMPARTIDO) con el que fuera concejal de urbanismo del PP en los años del "pelotazo", se entiende bien que piensen que "todo el monte es orégano" y que todos los responsables públicos actuamos igual. Falso.

La segunda idea, verdadera motivación para su cierre, es la de considerar a GESA una especie de oficina de contratación de "enchufados" del PSOE. Su razonamiento es: puesto que son colocados del PSOE, hay que echarlos a todos y todas a la calle. Ya veremos si alguno merece salvarse y cómo lo hacemos.

Puestas así las cosas, GESA, que cuando el PSOE llegó al equipo de gobierno, era apenas una oficina sin más proyección (me hace gracia Yórquez cuando dice que daba "beneficios", habrá que preguntarse que ¿a quién?), fue construyéndose poco a poco, madurando, cogiendo experiencia en la gestión. Y así se convirtió en un excelente instrumento para llevar a cabo obras del propio Ayuntamiento, al tiempo que empezaba a buscar y a conseguir contratos con empresas externas, contratos que en otras ocasiones hubieran recaído en empresas foráneas.

El punto culmen de la actividad de GESA, momento en que construía la Escuela Infantil "La Fragua", la llevó a tener en torno a ochenta trabajadores en plantilla. Detrás de ese buen momento había, lógicamente, una buena gestión en la búsqueda de contratos o de subvenciones, que permitían generar empleo y riqueza en nuestro pueblo, al tiempo que nos proporcionaba infraestructuras de primer nivel.

GESA es una empresa viable. Con un patrimonio que supera con creces las deudas que pudiera tener en un momento concreto. Pero esas deudas fueron incrementadas forzando conceptos como "saldos de dudoso cobro" (vamos, deudas con GESA que se renunciaba a cobrar), minusvalorando su patrimonio (las parcelas o fincas perdían valor ya de entrada), o malogrando operaciones ya en marcha que se perdían y dejaban a la empresa en cada vez peor situación.

Desde que el PP llegó al poder, ninguna obra nueva, ningún contrato buscado (salvo la ejecución del quiosco de Corrales), antes al contrario, pérdida de los ya suscritos (recogida de voluminosos para GIAHSA -recordemos que antes de llegar el PSOE al gobierno municipal lo hacía una empresa de Cartaya- o "La Monacilla" que se iba cayendo por partes).

De esta forma, sin nuevas iniciativas y perdiendo las ya existentes, el cierre de GESA se convertía en un horizonte cierto. El ERE temporal, el concurso de acreedores, no eran sino estaciones de tránsito camino de lo "inevitable".

El PP de Toscano se ha especializado en intentar camuflar sus deficiencias, sus incompetencias, en un permanente lamento sobre la "herencia recibida", la "ruina" que les dejó el anterior equipo de gobierno. En lugar de dedicar sus energías a buscar soluciones a los problemas, las gastan en buscar excusas para la falta de ellas.

DESPUÉS DE UN AÑO Y MEDIO DE GOBIERNO DEL PP

Ya ha pasado un año y medio, prácticamente. Toscano llegó con sus promesas de solución. ¿Qué ha ocurrido con ellas? Se perdieron. Hoy el panorama es bastante peor que en junio de 2011. Mucho peor. Toscano se excusa achacando la responsabilidad a la herencia recibida. Es el patrón. Pero, la cuestión es, ¿ha mejorado en algo la situación de nuestro pueblo en este tiempo? Y la respuesta es, como hemos dicho, categórica. No solo no ha mejorado, sino que, sin control, la situación ha empeorado de una manera clara. Y eso es responsabilidad del equipo de gobierno del PP que encabeza Toscano. Solo suya.

Los servicios se han deteriorado. La limpieza, los servicios sociales, la educación, la cultura, la seguridad... Todo ha sufrido un deterioro evidente que convierten hoy, a Aljaraque, en una referencia de mala gestión.

Trabajadoras y trabajadores en una situación de desesperación por el impago continuado de nóminas. Ciudadanos y ciudadanas que ven como muchas cosas que ofrecía el Ayuntamiento han desaparecido o son más caras, en muchos casos inaccesibles en una coyuntura como la que atravesamos.

Mientras Rajoy nos asfixia por arriba, desmantela el estado democrático y del bienestar, carga contra la educación pública, la sanidad universal, la dependencia..., recorta salarios, quita derechos laborales, controla la televisión pública, ningunea la representación política, hunde al país en una senda de recortes que está incrementando el paro a una velocidad mayor que la que sufrimos en años anteriores, aquí, su discípulo Toscano, sigue esa misma estrategia.

¿Dije que no subiría los impuestos? ¿Afirme que los trabajadores y trabajadoras municipales no debían tener miedo? (¿miedo a qué?), ¿Comprometí mejoras, inversiones, crecimiento económico? ¡Cuántas mentiras -debe pensar! Es difícil engañar más a una población.

Ahora necesita buscar culpables. Sea la gestión del gobierno anterior, sea Diputación Provincial, sea quien sea. Ninguna responsabilidad le toca. Es una víctima. No tiene capacidad para cambiar las cosas y solo puede despedir, empeorar las condiciones de sus trabajadoras y trabajadores, dejar de prestar servicios, mantener pobremente los que deje en pié..., sin otra iniciativa, sin ninguna propuesta de solución. Y tal vez eso sea lo peor de todo. Eso, y no saber lo que nos espera

NOMINAS Y CONTRIBUCIÓN URBANA

COMENZARÉ ESCRIBIÉNDOLO EN MAYÚSCULAS PARA QUE QUEDE CLARO. SI HAY ALGO QUE EL PSOE DE ALJARAQUE, YO MISMO, QUEREMOS, ES QUE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MUNICIPALES COBREN SUS NÓMINAS CUANTO ANTES. NO ES ACEPTABLE QUE LLEVEN MESES DE DEMORA Y SE ESTÉN PRODUCIENDO SITUACIONES DURÍSIMAS, EXTREMAS EN ALGUNOS CASOS. ESA FUE NUESTRA GRAN PREOCUPACIÓN MIENTRAS GOBERNAMOS Y LO SIGUE SIENDO AHORA. POR TANTO, QUIENQUIERA DECIR QUE NOSOTROS OBSTACULIZAMOS EL PAGO A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MENTIRÁ.

Dicho esto, cualquier sistema para saldar la deuda con empleados y empleadas tiene que ser, en primer lugar, legal. Tiene además que hacerse por los cauces correctos. No puede poner en riesgo a terceras personas. y, muy importante, tiene que ser equitativo (no sería admisible que unos cobraran antes que otros).

El sistema impulsado por el equipo de gobierno del PP, dejando aparte lo insultante que resulta enviar a la gente a comprometer a vecinos, amigos, familiares o ciudadanos y ciudadanas en general (cosa que tendría que hacerse desde el Ayuntamiento, si tanto creen que es legal el procedimiento), podría incumplir la Ley 58/2003 General Tributaria y lo dispuesto en el Real Decreto939/2005 de Reglamento General de Recaudación. En ellos se establece que la compensación será de las deudas "a favor del deudor", no de terceros. Es decir, un trabajador o trabajadora puede pedir que se compense SU deuda tributaria con el Ayuntamiento porque a él o a ella le deben un importe superior, pero no el de otra persona. Incumplir esto pone en riesgo a quien no ingrese su IBI o el impuesto de vehículos.

Por si eso fuera poco, hay otras cuestiones que deben quedar claras. Primero, que el Ayuntamiento ya ha cobrado del Servicio de Gestión Tributaria prácticamente TODO el importe del impuesto de 2012, por lo que compensar y no ingresarlo en el Servicio sería querer cobrarlo dos veces. Segundo, que todos los trabajadores y trabajadoras deben cobrar a la vez. No puede ser que alguien busque muchas "compensaciones" y cobre todo o una parte importante de lo que se le debe y otro trabajador o trabajadora no lo consiga ( o no lo intente siquiera). Eso supondría discriminar injustamente. Tercero, y último, el pago de las nóminas ha de hacerse por un proceso regulado, mediante transferencia bancaria del Ayuntamiento, con sus correspondientes retenciones de IRPF y Seguridad Social. No se puede cobrar de cualquier manera de un particular.

En definitiva, un despropósito, se mire por donde se mire. Trabajadoras y trabajadores deben cobrar y deben hacerlo correctamente, dignamente. Esa es la obligación del equipo de gobierno del PP.