El plan de pago a proveedores por parte de las administraciones públicas era necesario y no seré yo quien lo discuta. Podía haberse hecho mejor. Salvar a las empresas privadas (que tienen derecho a cobrar, faltaría más) no puede conllevar la asfixia de los Ayuntamientos y, con ella, la pérdida de puestos de trabajo a miles de sus trabajadores y trabajadoras. Que se preste dinero a los bancos al uno por ciento para que éstos a su vez le apliquen casi un seis por ciento a los ayuntamientos no es el mejor ejemplo de apoyo a la administración local.
Los severos planes de ajuste van a suponer que muchos trabajadores y trabajadoras públicos acaben en el paro y que los servicios municipales se deterioren a gran velocidad. Baste ver lo que está ocurriendo en nuestro pueblo, pasear por sus calles, para entender lo que digo.
Con todo, hoy quiero poner el acento en un efecto del plan de pago a proveedores que me parece profundamente injusto. A saber: aquellas entidades locales que privatizaron la gestión de determinados servicios públicos, al contraer deudas, en muchos casos de años, con las concesionarias, han podido, con el plan de pagos a proveedores solventarlas y llevar a un largo plazo la financiación de esas deudas y, por tanto, de los servicios cuya prestación las generó. Por el contrario, aquellos ayuntamientos que, generalmente desde una concepción de izquierdas de lo público, optaron por la prestación directa del servicio se encuentran sin esa ayuda que aquellos que privatizaron sí han recibido. Como digo, una injusticia.
Es por tanto de recibo que exijamos para esos ayuntamientos que decidieron la prestación directa, algún mecanismo de compensación que equilibre ese trato desigual que castiga a quienes han defendido la gestión pública directa como el modelo más solidario, en tanto premia a quienes (legítimamente, no vamos a negarlo) encomendaron a la iniciativa privada la prestación de los servicios.
Continuaré defendiendo la gestión directa, procurando hacerla efectiva y competitiva. Sigo pensando que los beneficios que la empresa privada se ha de llevar están mejor empleados si se revierten en el propio servicio. Y por eso demandaré para aquellos ayuntamientos que han servido a su gente desde una concepción estricta de lo público, justicia en el trato. Privatizar no tiene por qué ser premiado, ni castigada la opción contraria.

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