En los últimos días ha podido verse en prensa la noticia referida a la anulación por el Pleno del Ayuntamiento de Aljaraque de los contratos de adquisición del mástil de antena, actualmente instalado en el almacén municipal de La Raya, y del equipo de emisión para televisión. Al hilo de tal decisión, también declaraciones del portavoz del PP, Pedro Yórquez, anunciando el estudio de medidas legales, penales o civiles, por esa razón.
Algunas cuestiones deben aclararse con respecto a este tema, para evitar, entre otras cosas, su instrumentalización en base a medias verdades, insinuaciones, cuando no, claramente, infundios al respecto.
En primer lugar, es cierto que el Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido dictamen favorable a las tesis municipales sobre el supuesto fraccionamiento del contrato. En él, afirma que ambas compras (una por valor total de en torno a los 15 mil euros, la otra por algo más de 17 mil) constituyen un único objeto de contrato y que debía haberse hecho un procedimiento publicitado. Para entender esto, hay que saber que los contratos de suministro, como es el caso, son considerados menores por debajo de 18 mil euros más iva. En esos casos, la adjudicación puede ser directa, como se hizo. Por contra, si son superiores a esa cifra, deben ser objeto de concurso. La cuestión fundamental es, pues, si se trata de un único objeto de contrato, como sostiene el PP y el Consultivo, o son dos. Eso es lo que se discute, no otra cosa.
Pues bien, a pesar de la resolución y del dictamen del Consejo, seguimos pensando que se trata de dos contratos diferenciados y no de uno solo. Así lo hemos expuesto reiteradamente en el Pleno y así lo pretendo argumentar aquí. En efecto, contratamos el mástil con la finalidad no solo de ubicar en el mismo el equipo de emisión para la TDT, que nos preparaba para la utilización del canal concedido a la sociedad pública formada por los Ayuntamientos de la Costa Occidental, sino también para otros fines, de entre los que hemos subrayado: su uso para la radio municipal (mejorando su cobertura territorial y sacando del casco urbano su antena, antena que puede contravenir nuestra propia normativa sobre ubicación de este tipo de instalaciones en casco urbano), para las comunicaciones de policía local y protección civil, su posible alquiler a compañías de telefonía móvil (dado que hemos retirado del interior del casco urbano otras antenas -Ayuntamiento, centro comercial Corrales-), su utilización por el PCTH, e incluso su posible uso para generar zonas wifi en el municipio. Como se puede comprobar, usos que trasciende la simple emisión de televisión, por lo que constituye un objeto de contrato independiente y diferenciado. Por otro lado, el equipo para emitir TDT, con la finalidad señalada, que podría instalarse en ese mástil o en cualquier otro que se entendiera apropiado. Al ser, por tanto instalaciones que pueden ser complementarias, pero no vinculadas necesariamente, entendemos que pueden adquirirse por separado sin mayor problema.
Una cuestión diferente es la demagogia que se viene utilizando a raíz de esta decisión. Por una parte hablando de perjuicio para el Ayuntamiento, un perjuicio que no existe puesto que los bienes se adquirieron a precio razonable de mercado, y son de propiedad municipal, y por otro mezclando el asunto de la nulidad con las supuestas ilegalidades de ubicación (desmentida por los informes técnicos), de emisión (que se ampararían en la licencia pública mencionada de la Costa Occidental), o por los supuestos problemas para la salud, cuestión esta última absurda por cuanto eso pondría en la misma situación a todas las antenas de radio o televisión que nos rodean, y desmentida por el estudio e informe técnico encargado por el anterior equipo de gobierno a empresa especializada, que niega palpablemente tal posibilidad.
Resulta cuando menos sorprendente, por no utilizar otros calificativos, que el mismo equipo de gobierno del PP, que tanto empeño ha puesto en este expediente, se niegue a abrir uno similar en casos más claros de incumplimiento legal realizados por el equipo anterior del que Toscano era miembro. Una y otra vez, hemos pedido en el Pleno que, dado el interés por anular contratos que puedan ser contrarios a la norma, podrían empezar por el realizado en Mayo de 2007, mediante el cual se concertó (quince días antes de las elecciones municipales, por más señas) un viaje a Canarias para más de cien personas mayores, que costó más de 40 mil euros (por tanto mucho más que los del mástil y el equipo de emisión), esta vez, sin posibilidad de discusión, mediante un solo contrato con una agencia de viajes, y que contaba con informe previo contrario de la intervención municipal por vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público. En este caso, contrariamente al que analizamos de la antena y el equipo emisor, no hay discusión sobre si hubo fraccionamiento o no. Era un solo contrato, muy por encima del límite de 18 mil euros, hecho directamente y con informe previo en contra. Pero, he aquí, que todo lo que de celo en la "salvaguarda" del interés público tenía el expediente de nulidad contra una decisión de nuestro equipo de gobierno, se convierte ahora, en palabras del portavoz Yórquez, en una "cortina de humo". Osea, dos contratos que se quieren uno, se anulan, pero el contrato ilegal, esta vez sin discusión, del viaje, no se toca. Estamos ante una clara discriminación por razón de oportunismo político. Aquí lo que interesa de verdad es desprestigiar al equipo de gobierno anterior, sea como sea, aunque para eso tengan que taparse la nariz ante irregularidades del bando propio.
Nosotros seguiremos peleando para demostrar que lo que se hizo fue correcto, que no hubo perjuicio para el municipio, y que, por tanto, nada hay que anular sino otras actuaciones que sí que fueron claramente irregulares y a las que se podría meter mano.
Por último aclararé, por si alguien se lo pregunta, por qué no lo hicimos nosotros, por qué no iniciamos expediente de nulidad con la actuación señalada (o con otras similares). Porque nosotros estábamos en la lucha por sacar adelante el Ayuntamiento, a sus trabajadoras y trabajadores, a los servicios que se prestaban a la comunidad, y no en la de sacar trapos sucios anteriores, máxime cuando aún hay un proceso judicial abierto. Ahora las reglas, por decisión del PP, que necesita esconder su ineptitud y las durísimas e injustas medidas que está tomando, han cambiado. Ya veremos en qué acaba todo esto. Lo que sí es cierto es que el electorado suele castigar a quien está más pendiente de remover el pasado que de ocuparse de los problemas (muchos y graves) del presente.
