Ese plan de pago de nóminas, mucho menos costoso para el erario público que el de proveedores, posibilitaría a los Ayuntamientos afrontar este momento crítico con otra perspectiva. Una perspectiva de mayor tranquilidad, absolutamente necesaria para que los equipos de gobierno vuelvan a centrarse en lo importante, lo trascendente, y no exclusivamente en la urgencia de atender, como prioridad que es, el abono de las nóminas. Conozco la angustia que para el gobernante conlleva resolver cada mes ese derecho básico de trabajadoras y trabajadores. Y también la que provoca no cobrar (no digamos ya cuando el retraso es de varios meses, lo que hace difícil atender a las necesidades básicas). Esta última debe ser compartida. Mal se entendería que los responsables políticos recibieran su sueldo o sus dietas, en tanto sus trabajadoras y trabajadores no lo hacen. Un miembro del equipo de gobierno siempre ha de ser el último en cobrar.
Además, el Ayuntamiento no solo está para emplear a vecinos y vecinas (afirmo que NO SOLO). La contratación de trabajadoras y trabajadores tiene como fin la prestación de los servicios públicos propios del consistorio. De esta manera, no basta con disponer de financiación suficiente para el capítulo I (el de personal), sino que es necesario que ese potencial de trabajo tenga los medios necesarios para desarrollarlo en condiciones.
Un Ayuntamiento tiene estrecho margen a la hora de buscar financiación añadida. Cerradas como están las posibilidades de endeudamiento a largo plazo (una formula normal que usamos en ámbito personal cuando pedimos una hipoteca), con dependencia de las transferencias del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuya cuantía no establece, la hacienda local se convierte en un instrumento que ha de ser manejado con prudencia. No es posible que las deficiencias del modelo de financiación genérico intenten ser resueltas con la presión de los impuestos y tasas locales. No haría sino enviar lluvia sobre suelo mojado.
En conclusión, la búsqueda y plasmación de un modelo de desarrollo económico sostenible adaptado a las potencialidades locales es la piedra angular sobre la que construir el desarrollo de cualquier municipio. En ese proceso no solo han de intervenir los responsables políticos -encargados de poner las bases, impulsar y dinamizar-, sino el conjunto de la ciudadanía, con especial responsabilidad del tejido empresarial.
Junto a ello, un modelo de financiación justo y adecuado al papel que cada administración asume dibujaría un panorama de estabilidad presupuestaria municipal capaz de afrontar los retos que en este momento se nos presentan y prepararnos para un escenario de recuperación que, tarde o temprano, se dará.
Es evidente que la política fiscal y de precios públicos ha de ser coherente. Para ello, varios principios son incuestionables. A saber, la proporcionalidad, el ajuste a los costes reales, la solidaridad y el equilibrio con el desarrollo económico. Hay, pues, camino.
Un Ayuntamiento tiene estrecho margen a la hora de buscar financiación añadida. Cerradas como están las posibilidades de endeudamiento a largo plazo (una formula normal que usamos en ámbito personal cuando pedimos una hipoteca), con dependencia de las transferencias del Estado y de la Comunidad Autónoma, cuya cuantía no establece, la hacienda local se convierte en un instrumento que ha de ser manejado con prudencia. No es posible que las deficiencias del modelo de financiación genérico intenten ser resueltas con la presión de los impuestos y tasas locales. No haría sino enviar lluvia sobre suelo mojado.
En conclusión, la búsqueda y plasmación de un modelo de desarrollo económico sostenible adaptado a las potencialidades locales es la piedra angular sobre la que construir el desarrollo de cualquier municipio. En ese proceso no solo han de intervenir los responsables políticos -encargados de poner las bases, impulsar y dinamizar-, sino el conjunto de la ciudadanía, con especial responsabilidad del tejido empresarial.
Junto a ello, un modelo de financiación justo y adecuado al papel que cada administración asume dibujaría un panorama de estabilidad presupuestaria municipal capaz de afrontar los retos que en este momento se nos presentan y prepararnos para un escenario de recuperación que, tarde o temprano, se dará.
Es evidente que la política fiscal y de precios públicos ha de ser coherente. Para ello, varios principios son incuestionables. A saber, la proporcionalidad, el ajuste a los costes reales, la solidaridad y el equilibrio con el desarrollo económico. Hay, pues, camino.
