Partamos de una evidencia. No todos los Ayuntamientos están en la misma situación de asfixia económica y, por ende, de deterioro en la prestación de servicios públicos, ni de pérdida de empleo. Son aquellos que más dependían de la construcción y los ingresos coyunturales que la acompañaban, los que están sufriendo en mayor medida la descompensación creciente entre ingresos y gastos. Por contra, aquellos otros que, o bien no conocieron un boom urbanístico desmedido, o tejieron alternativas económicas distintas a la del ladrillo, mantienen una situación que, a pesar de ser problemática en algún caso, no alcanza ni de lejos el nivel de angustia que padecen los primeros.
Una primera conclusión, pues, nos conduce a establecer que la concreción de la acción política en el territorio, dependiendo de cuáles fueron las prioridades y los proyectos subsiguientes, está en la base de la coyuntura actual por la que cada Ayuntamiento atraviesa. Claro que hay situaciones objetivas que no son modificables desde la actuación de los poderes públicos (Galaroza nunca podrá desarrollar un turismo de playa), pero en lo demás, las opciones diferenciadas conducen a resultados distintos.
En esta evidencia está la explicación de hacia dónde deben ir las cosas. Con una base de partida común a todo el municipalismo que constituye raiz principal de la solución a sus problemas. Necesitamos un nuevo modelo de financiación, más equitativo entre administraciones, que responda a los servicios que cada una de ellas presta realmente. En ese sentido, los Ayuntamientos españoles están insuficientemente representados en el reparto que de los fondos públicos se realiza desde el gobierno central. Basta comparar la situación en España con la de los demás países de la Unión Europea para comprobarlo. Ahora bien, establecido esto, resulta nítido el hecho de que cada equipo de gobierno de cada municipio tiene por delante la responsabilidad de establecer los potenciales de su término y contribuir, desde su actuación planificada y sistemática, a desarrollarlas.
Ahí se abre todo un universo de posibilidades. No diré que dependa exclusivamente del trabajo político (intervienen otros muchos factores), pero sí que lo hace también de el, y no en un grado menor.
Si se marcan bien las posibilidades y se contribuye a convertirlas en realidades, se habrá avanzado mucho y en la buena dirección.
Cierto que en este momento tenemos un problema, una urgencia. Los desajustes a que hemos hecho referencia han tenido en muchos sitios consecuencias muy negativas, en materia de empleo y de prestaciones a la comunidad. Consecuencias que pueden conllevar un grado de sufrimiento personal y familiar que hay que atajar de inmediato. Más allá del medio plazo, hoy, y digo bien, hoy, es imprescindible poner en marcha un plan para acabar con esas situaciones agónicas. De ahí que hayamos pedido en reiteradas ocasiones que, tal como se hizo en el caso de los proveedores, ahora hay que afrontar un programa de pago de nóminas que permitan reinstalar en la senda de la normalidad la acción municipal. Esa es una responsabilidad que el Gobierno no puede eludir por más tiempo.
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