LA POLÍTICA VINDICADA III

Hay quienes intentan, al albur del descrédito promovido, poner en cuestión la idoneidad, incluso la vigencia, de la estructura de Partidos Políticos como ejes de participación del modelo democrático. Son tics cargados de autoritarismo, cuando no con un claro tufo fascista.

Los Partidos Políticos no dejan de ser sino organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, unidos por principios (que devienen de ideologías) comunes, a partir de los cuales proponen al conjunto de la sociedad las formas de concreción, a modo de programa, y las personas encargadas de llevarlas a cabo, para su refrendo en cada elección.

La relativa facilidad para su constitución, garantiza a cualquier opción colectiva (por pequeño que sea el grupo representado) poder someter al conjunto del electorado sus propuestas.

Esta es la base, la síntesis del modelo. Cabría añadir muchas matizaciones, pero no es el objeto de esta serie de artículos. Lo que queda claro es que la fórmula es correcta y auspicia la participación de quien quiera hacerlo.

Ahora bien, es cierto que los tiempos van cambiando, que la sociedad evoluciona y todo debe adaptarse a los nuevos mecanismos; en especial, en este caso, a aquellos que facilitan la comunicación y, por tanto, las posibilidades de participación activa en un proyecto colectivo. Desde esa óptica, los modos de inserción en los partidos debe modernizarse. Hoy es una realidad posible la integración desde la distancia, vía internet; es posible facilitar la participación activa a través de esos canales, al tiempo que esos nuevos instrumentos alumbran también nuevos procesos internos de toma de decisiones.

A los Partidos hoy se les exige mayor apertura. Eso pasa por facilitar aquella participación desde distintos grados de compromiso (militantes, simpatizantes, participantes esporádicos) y por la elaboración de un código ético, referido tanto a las actuaciones personales dentro de la organización, cuanto, especialmente, a los casos en que se ocupe un cargo público en representación del Partido, ya sea electo o designado. En estos últimos supuestos, la transparencia habrá de ser norma. Para ello, dos cuestiones son esenciales. La primera, publicar en un ámbito de difusión general (página web de la institución, por ejemplo)  las declaraciones inicial y final de bienes y  las declaraciones de renta anuales. Soy partidario de que quienes ejercen un cargo público tengan una remuneración razonable, en función de su responsabilidad y de la necesaria cualificación (en el más amplio sentido del término, no solo académica) que requiera su puesto.  Las demagogias baratas y fáciles sobre este tema son un grave error, en primer lugar de la propia gente que se dedica a lo público y que con frecuencia se recriminan mutuamente por este tema, en segundo lugar por la ciudadanía que acepta con facilidad discursos aparentemente coherentes e incluso democráticos que esconden un intento por desprestigiar una tarea tan importante para la colectividad. Remuneración digna y acorde que debe ser conocida en su totalidad, sin la utilización de vías alternativas para disfrazar ingresos, pero que nunca puede avergonzar. Quien realiza el trabajo de servicio público con dedicación y dando lo mejor de sí ha de tener la consideración de la colectividad. Lo contrario es un grave error que abre las puertas a una élite con intereses no siempre conocidos, o reserva esos puestos para quienes no teniendo alternativas profesionales, hacen de ese servicio una profesión permanente.

La segunda es que, desde esa transparencia, las ofertas, los programas con que se concurre a los diferentes comicios han de ser considerados auténticos contratos entre partes. Si surge la necesidad de cambiarlos para adaptarse a una realidad en transformación, debieran ser consultadas las modificaciones. Solo desde el refrendo podrán devenir en parte del acuerdo de "te doy mi voto, osea, mi confianza" y me devuelves "la gestión de lo comprometido". Solo así se ganará en la necesaria credibilidad.